El Real Decreto del Ministerio de Justicia que va a estudiar el Ejecutivo en su reunión ordinaria forma parte de los trabajos prepaatorios del nuevo sistema penal de los menores.

La creación de estas 31 unidades judiciales tendrá un coste global (personal, inmuebles y bienes y servicios) de 1.073 millones de pesetas y se produce cuatro meses después de que el Consejo de Ministros aprobara el 3 de agosto, en su última reunión antes de las vacaciones, una importante reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal para adaptarlo a la Ley Penal del Menor.

Esa reforma ha creado una sección de fiscales de menores en cada Tribunal Superor de Justicia y Audiencia Provincial, ya que, a diferencia de lo que ocurre con los mayores de 18 años, los delitos cometidos por jóvenes entre 14 y 18 años van a ser instruidos por los fiscales y no por jueces.

Quedan excluidos de la Ley Penal del Menor los menores de 14, ya que el legislador considera que, en los escasos supuestos delictivos cometidos por niños de esa edad, la solución debe estar en los ámbitos familiar y educativo.

Asimismo, la citada ley puede ser aplicada, en casos muy espeíficos, a jóvenes de entre 18 y 21 años teniendo en cuenta la gravedad del delito y las circunstancias personales.