Villar señaló que no es una medida fácil ni agradable de tomar, pero insistió en que es necesaria para asegurar el manteniminto del poder adquisitivo de las pensiones, cumplir los objetivos de Maastricht y alcanzar la convergencia real con Europa.

A su juicio, "no existe otra solución si queremos estar en el grupo de cabeza de los países europeos en la última fase de la Unión Monetaria".

Folgado explicó que la congelación, que afecta a unos dos millones de empleados públicos de todo el país, es de obligado cumplimiento para el conjunto de las administraciones públicas (central, autonómicas y locales), así como para lo altos cargos públicos, los entes públicos, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad del Estado, y las empresas públicas con pérdidas.

El Gobierno tampoco aplicará la revisión salarial a los empleados públicos de 0,8 puntos por la desviación de la inflación del 3,5 por ciento previsto al 4,3% en 1995, como han venido reclamando los sindicatos.

REFERENCIA PARA EL SECTOR PRIVADO

El responsable de Presupuestos afirmó que la congelación salarial de los empleados públicos "debe ser una referenia para el conjunto de la negociación colectiva del sector privado en 1997, porque estamos en la misma barca y con los mismos objetivos y es necesario para el objetivo de creación de empleo". Aseguró que si no logramos la convergencia con Europa, "habrá una penalización clara en el empleo".

Folgado reconoció que se han logrado avances en la contención del IPC, pero indicó que seguimos siendo uno de los países europeos con la inflación más elevada, por lo que hizo hincapié en que "hay que seguir hacieno esfuerzos y los salarios tienen que contribuir a esa finalidad".

Según Folgado, en año y medio España tiene que realizar más del 70 por ciento del ajuste necesario para estar en el grupo de cabeza de la Unión Monetaria, y advirtió que si nuestro país no logra ese reto "estaríamos muy penalizados con mayores tipos de interés, menores inversiones hacia España y menor capacidad de creación de empleo".

Asimismo, señaló que el presupuesto del Estado de 1997 "exige grandes dosis de autoridad en todoslos capítulos", y aseguró que de esa manera "nos ganaremos la confianza de los mercados y estaremos en el grupo de cabeza".

Folgado justificó la congelación salarial de los empleados públicos en la necesidad de hacer un esfuerzo de "sacrificio y austeridad" en las finanzas públicas.

Por su parte, Villar insistió en que la congelación salarial de los funcioanrios no supone el incumplimiento del acuerdo alcanzado entre el anterior Gobierno y los sindicatos en diciembre de 1994, ya que recordó que ete acuerdo garantizaba el poder adquisitivo de los salarios de los empleados públicos en 1996 y 1997, pero lo condicionaba a la previsión de crecimiento económico y a la capacidad de financiación de los presupuestos del Estado.

"No es un incumplimiento", dijo Villar, "se aplica perfectamente el acuerdo. Es un acuerdo bueno que se debe desarrollar y profundizar". Agregó que la congelación salarial, aunque ya está decidida por el Gobierno, es preceptivo que se fije formalmente en la Mesa Nacional de la unción Pública, por lo que han convocado a los sindicatos a una reunión de esta mesa para la segunda semana de septiembre.

Por otra parte, Villar, que destacó la necesidad de mantener una relación fluída con los sindicatos y de continuar con la concertación social, insistió en que "no es una decisión fácil si se adopta en aras a la seriedad, la solidaridad para que aumenten un 2,6% las pensiones en 1997 y la convergencia con Europa".

Anunció que el próximo año habrá oferta de empleo público (OEP) pero dijo que será "escasa y proporcional a las limitaciones presupuestarias".

Los dos altos cargos de la Administración hicieron estos anuncios tras mantener una reunión con los sindicatos, a los que comunicaron la decisión del Gobierno de congelar los salarios a los empleados públicos.