La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, explicó, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, que ella misma trasladó el documento al presidente del PP.

"Me contestó ayer, que estaba de acuerdo en las líneas generales, y que no tenía ninguna observación que hacer al documento", explicó. "Me mostró su juicio favorable al documento, no vio ningún tipo de problema", añadió después Fernández de la Vega.

Esta afirmación lleva a la vicepresidenta a mostrarse "absolutamente convencida" de que el PP participará en el debate que se abrauna vez que el Consejo de Estado emita su dictámen, y que respalde después las reformas. "Estamos en la fase inicial", subrayó.

Los demás grupos parlamentarios, a los que se envió el documento en la tarde de ayer, tampoco han expresado "ningún problema especial" con la consulta elevada al Consejo de Estado, apuntó.

La vicepresidenta concluyó, por ello, que el Gobierno ha cumplido su compromiso de elevar esa consulta "de acuerdo" con el principal partido de la oposición y comunicándola al resto de partidos.

Ahora queda que el Consejo de Estado pueda redactar su informe "con plena autonomía de decisión y con el rigor y la serenidad que siempre ha caracterizado su funcionamiento y que es seña de identidad de un organismo de esta naturaleza".

Precisamente, añadió la vicepresidenta, ha sido el deseo de no interferir en esa tarea el motivo por el que el Gobierno ha evitado "adelantar opiniones" sobre los asuntos a reformar, que pudieran ser entendidas como "instrucciones o condicionamientos previos" al Consejo de Estado.

El Gobierno está convencido, añadió, que el informe emitido por el órgano consultivo será "un instrumento valioso para promover la reflexión colectiva" y buscar el consenso, lo que hace necesario que el Consejo de Estado pueda trabajar con autonomía y rigor.

Tal y como hizo desde el comienzo, sentenció María Teresa Fernández de la Vega, el Ejecutivo defiende una reforma "limitada" de la Constitución, que cuente "con el mayor consenso posible".

Sobre la posible incorporación de los ex presidentes del Gobierno al Consejo de Estado como consejeros natos, la vicepresidente aseguró que entra dentro de la gestión del propio órgano consultivo, y que la labor del Gobierno terminó con la modificación de la normativa que regula su funcionamiento interno y que permite esa incorporación.

Dejó caer así que no hay gestiones previstas por parte del Gobierno para que se incoporen todos los ex presidentes, a la vista de que sólo uno de ellos, José María Aznar, ha mostrado su intención de hacerlo.

"El Gobierno no tiene nada que decir ni que hacer". "Los ex presidentes, con libertad de criterio, adoptarán las decisiones que consideren oportunas y cuando lo consideren oportuno", se limitó a decir la vicepresidenta, si bien reconoció que al Ejecutivo le gustaría que todos ellos formaran parte del Consejo de Estado, para aportar "el caudal de su experiencia".

La vicepresidenta no quiso precisar si el Gobierno teme que la actual situación en Cataluña, la polémica creada por las acusaciones del presidente de la Generalitat de cobro de comisiones en la etapa de CiU, alteren el calendario de esas reformas de la Constitución y de los estatutos de autonomía.

Sólo recordó que el criterio del Gobierno es que las reformas estatutarias nazcan en las propias comunidades, respeten la Constitución y cuenten con consenso, y así se ha hecho hasta ahora, "esperemos que siga siendo así", concluyó.