Con este decreto, queda sometido a autorización previa del Estado la disolución, escisión, fusión o sustitución del objeto social de ambas compañías.

Asímismo, se somete a autorización previa la adquisición de paquetes accionariales superiores al 10% en las dos empresas.

El regimen de autorización, que será otorgada por el Secretario General de Comunicaciones, previo informe del Ministerio de Econoía y Hacienda, se aplicará cuando la participación del Estado quede por debjo del 15%, cosa que ocurrirá tras la privatización del paquete del 21% que hoy conserva el Estado.