Este dato fue ofrecido hoy por la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce, que presidió el Pleno del Observatorio de la Infancia del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

En la reunión de hoy, el observatorio aprobó el primer Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, que recoge las líneas estratégicas de las políticas de infancia que guiarán las actuaciones de las distintas administraciones en los próximos tres años.

"Es un honor presentar esta iniciativa, porque se trata de un plan que une las voluntades de todas las administraciones e instituciones y que está presidido por el consenso con las comunidades autónomas, la FEMP y las organizaciones de protección a la infancia", señaló Valcarce acerca del citado plan. A esto, añadió que la protección de los menores y la garantía de su bienestar y seguridad es un asunto de Estado".

El documento se adapta, además, a los planteamientos y principios establecidos en la Convención de los Derechos del Niño y en las Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

Según dijo, este plan pretende, a medio plazo, "lograr el pleno desarrollo de los derechos, la equidad interterritorial y la igualdad de oportunidades para la infancia y la adolescencia, dentro de un marco común y flexible que respete las singularidades y la capacidad de autogobierno de las comunidades autónomas". "El Gobierno cumplirá todos sus compromisos en esta materia", continuó Valcarce.

Por lo que se refiere al contenido concreto del documento, el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia consta de 11 objetivos estratégicos, 144 medidas y 100 indicadores de referencia, que desarrollarán las diferentes administraciones.

Entre estos objetivos destaca el establecimiento de sistemas estables de recogida de datos y de información sobre la situación de la infancia en España y determinación del presupuesto que las diferentes administraciones destinan a esta materia.

El plan también prevé la ampliación del número de escuelas infantiles (0-3 años) públicas y concertadas en España para alcanzar la tasa del 33% en 2010. En la actualidad, se encuentra en torno a un 21%.

Por otro lado, esta iniciativa comprende una mayor coordinación en los procesos de adopción, para que todo el que desee adoptar "sepa a dónde se tiene que dirigir" y para acabar con las "adopciones rotas" que, según explicó, se producen cuando una familia renuncia a la tutela del menor después de la adopción. No obstante, subrayó que sólo suponen el 1% del total de adopciones que se producen en España, donde se registra una media de 5.000 anuales, "cifra que va en aumento".

Por ello, aseguró que el Gobierno realizará un seguimiento de estos procesos para evitar esos abandonos y que pondrá en marcha próximamente el Consejo de Adopciones Internacionales.

Dijo también que se potenciará una mayor protección a la infancia ante contenidos inadecuados de medios audiovisuales, mediante el fomento de la autorregulación. Valcarce destacó también la elaboración de un plan de atención temprana a menores en situación de dependencia en el marco del futuro Sistema Nacional de Dependencia, como otro de los grandes logros en esta materia.

En este sentido, dijo que también se está preparando un plan de prevención de enfermedades y síndromes que conducen a situaciones de dependencia para los menores de 3 años.

Potenciar la detección y la atención a la infancia maltratada, facilitar la figura del acogimiento familiar y proteger a la infancia en el transcurso de procesos penales son también objetivos fundamentales de esta iniciativa.

Se emprenderán también acciones para el desarrollo de programas dirigidos a la prevención de la pobreza y exclusión social infantil, para favorecer la accesibilidad a los medios de comunicación audiovisuales a niños con discapacidad, y se fijarán pautas de intervención con menores infractores extranjeros, en función de su edad, posibilidades reales de inserción y de acceso al mercado laboral o a la formación previa, entre otras cuestiones.

En la elaboración del plan estratégico, además del Gobierno, han participado las comunidades autónomas y organizaciones sociales de infancia, como la Plataforma de Organizaciones de Infancia, Unicef y Aldeas Infantiles SOS España, y se han incorporado, además, sugerencias de otras organizaciones, como el CERMI, el Secretariado Gitano o la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).