Lo confirmaron en declaraciones a los periodistas la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, al término de la reunión de la referida Conferencia Sectorial, presidida por las ministras Irene Montero e Ione Belarra, en la que se concretó en este plan que tiene como objetivo conjurar la situación generada ante los casos de explotación sexual de niñas en el sistema de protección a la infancia.

En su introducción, el plan establece que el principal esfuerzo de las administraciones ha de encaminarse a lograr un “cambio cultural” que acabe con este tipo de violencia y a garantizar que quien la perpetre “responda siempre ante la justicia”.

En ese sentido, se pone de manifiesto que este no es un desafío propio de una determinada comunidad autónoma, sino que “está latente en el conjunto del sistema de protección español, habiéndose reportado y reconocido casos en toda Europa”.

Actualmente, las administraciones públicas son responsables de la seguridad, los derechos y el desarrollo de 35.608 menores, de los que 16.991 están acogidos en centros residenciales del sistema de protección a la infancia y la adolescencia.

Ante esta situación, Ángela Rodríguez se felicitó por el hecho de que “en los tiempos que corren, en los que se niega la violencia de género, haya este tipo de acuerdos”, refrendados por “gobiernos de todos los colores” políticos. Por ello, propugnó que “sigue habiendo acuerdo institucional para luchar contra la violencia de género”.

En la misma línea, Nacho Álvarez consideró una “noticia sobresaliente” el acuerdo, un hecho que manifestó que “ayuda a entender la colaboración institucional frente a una amenaza latente para muchos niños, niñas y adolescentes en centros de menores”.

A su vez, explicó que las medidas contenidas en el plan de acción se sufragarán en parte con el Fondo Social Europeo Plus, en lo concerniente a la garantía juvenil, al tiempo que Derechos Sociales cuenta con una línea presupuestaria vinculada al fondo de recuperación para favorecer el acogimiento familiar.

El plan de acción se integrará en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, y, desde el respeto a las competencias que tienen atribuidas las comunidades autónomas, sienta las bases para poner en marcha una serie de iniciativas para “prevenir este tipo de violencia contra la infancia y adolescencia tutelada o acogida por las administraciones, mejorar la atención a las víctimas de explotación sexual y reforzar estructuralmente al sistema de protección para prevenir que se produzcan en un futuro, con especial atención a las niñas y adolescentes”.

Las acciones incluidas en este plan deberán tener un enfoque de género, habrán de establecerse desde la coordinación interinstitucional y una respuesta multiagencia, se proveerán desde un prisma terapéutico, favorecerán el acogimiento familiar como alternativa habitacional frente al centro residencial, el cual debe darse en espacios pequeños y flexibles y contará con profesionales con la formación suficiente para detectar el riesgo de explotación sexual, y contarán con recursos de atención especializada que garantice una reparación integral a las víctimas.

El plan de acción incluye medidas a corto y a medio y largo plazo. Entre las primeras, destacan la formación en prevención y detección se explotación sexual a todas las personas trabajadoras de los centros residenciales de protección a la infancia del conjunto de las comunidades autónomas (alrededor de 1.300); la elaboración de un protocolo armonizado para la prevención, detección precoz e intervención frente a las posibles situaciones de violencia contra la infancia en centros residenciales del sistema de protección; la forja de una guía común de actuación para la detección, notificación y derivación de casos de explotación sexual contra la infancia en centros residenciales, con especial atención a niñas y adolescentes; y la creación de servicios especializados de atención y recuperación integral para menores víctimas de explotación sexual.

En cuanto a las medidas pensadas para su puesta en marcha a medio y largo plazo, se encuentra el incremento de los cuidados en comunidad y la desinstitucionalización de niños y niñas tutelados, con el objetivo de que en 2026 ningún menor de seis años viva en un recurso residencial, a lo que se sumará la creación de una campaña estatal de sensibilización sobre esta cuestión, la inclusión de indicadores y modelos de intervención estandarizados en servicios sociales para la declaración y manejo del riesgo y el estudio de buenas prácticas nacionales e internacionales para el fomento del acogimiento familiar y alternativo a los centros residenciales.

También se incorporan iniciativas de mejora de la atención de la infancia en el sistema de protección, como la formación en trastorno del vínculo y polivictimización, la actualización de los ‘Criterios de cobertura, calidad y accesibilidad en Acogimiento Residencial’, la reducción de la prevalencia de centros grandes sobre el conjunto de plazas residenciales, la puesta al día del ‘Protocolo para la coordinación de actuaciones de las entidades públicas competentes en materia de protección de personas menores de edad, en supuesto de traslados’, la forja de un sistema de monitoreo de la calidad de la transición a la vida adulta de los niños, niñas y adolescentes tutelados por la Administración con indicadores relativos a las redes de apoyo, el resultado educativo y salud mental, el desarrollo de un protocolo de actuación estandarizado para todas las comunidades ante la desaparición y fuga de menores de recursos residenciales, el fomento las intervenciones dirigidas a generar redes afectivas sanas en la infancia del sistema de protección que proteja a las niñas de la violencia, garantizar una correcta acogida, basada en el interés superior del menor, de niños y niñas migrantes no acompañadas en costa; que permita la detección de aquellas vulnerables a la trata y explotación, así como su derivación correcta y ágil y establecer las particularidades necesarias para garantizar la correcta atención de las víctimas de explotación sexual tuteladas tanto en la futura Ley Integral de prevención y lucha contra la trata de seres humanos, como en la oficina nacional de atención y asistencia a víctimas de trata de seres humanos.

Por último, concreta mejoras en los sistemas de información a través del diseño desarrollo y puesta en marcha de un Sistema de Información de Gestión del Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia (Russvi) y fija la colaboración con el Ministerio de Interior para la inclusión de las personas menores de edad víctimas de trata y explotación sexual provenientes del sistema de protección a la infancia en las estadísticas de trata y en las propias del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska.