Lo dijo este jueves el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, en declaraciones a los periodistas tras la reunión que ha mantenido con un grupo de expertos para mejorar la calidad de las residencias y el Sistema de Atención a la Dependencia.

Cabe recordar que la última reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, celebrada el pasado 25 de mayo, concluyó sin acuerdo, por la oposición de las comunidades gobernadas por el PP y por algunas comandadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha, que consideraron irrealizables las propuestas incluidas en el plan de Derechos Sociales por la falta de presupuesto.

A esa oposición se sumó el rechazo de las patronales englobadas en el sector de la dependencia y los sindicatos.

Tras ello, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, reclamó a las comunidades autónomas “sentido de Estado” para poner en marcha un nuevo sistema de acreditación de residencias de ancianos y de personas en situación de dependencia o con discapacidad, que actualice el ratificado en 2008.

Ante esta situación, Nacho Álvarez comentó que “hay un importante consenso para avanzar hacia un modelo de residencias como el que necesita este país”, ya que existe “una deuda con las personas mayores tras la pandemia”.

Desgranó las medidas que incorpora la propuesta que Derechos Sociales transmitirá a las comunidades autónomas el lunes, entre las que se encuentran terminar con las macroresidencias en España, estableciéndose una horquilla que oscile entre 75 y 120 plazas para las instalaciones de nueva creación, unidades de convivencia con un mínimo de 15 personas y un 75% de habitaciones individuales en los centros de nueva construcción.

También incorpora la conveniencia de que en un plazo de tres años se acaben con las sujeciones, se ponga en marcha un plan personal para cada usuario, se garantice la participación de las familias en los centros y se permita a quienes así lo deseen permanecer el mayor tiempo posible en sus hogares, para lo cual insta a reforzar la teleasistencia avanzada y la atención personalizada, gracias a las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial.

Del mismo modo, conmina a facilitar que haya más profesionales de atención directa para el cuidado de las personas mayores, para que se alcance la ratio de un trabajador por cada dos residentes; a mejorar la calidad del empleo, a través del apoyo a la contratación indefinida; y a perfeccionar la coordinación sociosanitaria.

En ese sentido, señaló que “la financiación no puede ser una excusa para no poner en marcha este modelo”, puesto que el Gobierno, “por primera vez en democracia”, ha pergeñado una hoja de ruta inédita sobre esta cuestión, lo que se traduce en el hecho de que en dos años se han duplicado los recursos del sistema de la dependencia y en la perspectiva de dotar a éste de 5.000 millones de euros adicionales.

Tras considerar “incomprensible” el rechazo de la patronal de las residencias, confió en que las comunidades “estén a la altura de este reto” en el que su concurso es fundamental.