Esta prohibición, que se aplicará "de manera permanente" todos los veranos, según González, pretende prevenir al máximo el riesgo de incendios forestales en la región, ya que se considera que, al menos, el 90% de estas tragedias ambientales se genera por causas humanas.

La normativa vigente en materia forestal establece distintas sanciones en el caso de incumplimiento de esta prohibición que van desde los 1.000 euros hasta un millón, en función de los daños provocados al medio ambiente.

González informó asimismo de la adjudicación de la compra de helicópteros para la campaña de extinción de incendios. En total, se destinarán siete millones de euros para adquirir siete nuevos aparatos de este tipo: uno de coordinación, otro de extinción y el resto de transporte.