El Ejecutivo asegura ser "consciente de que el trabajo doméstico y de cuidados ha ido emergiendo como una actividad central para la vida y el sistema socioeconómico, y de que las brechas de género se residencian estructuralmente en la diferente carga de cuidados que soportan mujeres y hombres" y "se reafirma en su compromiso de impulsar el reconocimiento del derecho al cuidado y una reorganización socialmente justa de los cuidados y los tiempos".

"Los cuidados, tradicionalmente invisibilizados e infravalorados, son una actividad esencial para la vida y para el sistema socioeconómico; y las mujeres son sus grandes sostenedoras, especialmente aquellas que menos posibilidades de elección tienen: mujeres pobres, mujeres migrantes y mujeres racializadas", añade.

También remarca que "los derechos de conciliación parten de la necesidad de comprender que la vida es una realidad vulnerable, que todas las personas en algún momento de nuestra vida necesitamos cuidar y ser cuidadas. Sin embargo, el actual sistema funciona sobre una suerte de ficción de autosuficiencia de las personas: se nos supone libres de cuidados, con todas las necesidades de reproducción resueltas y sin responsabilidades que condicionen nuestra presencia en el mercado laboral y en el ámbito público".

Y aboga por "avanzar en un pacto social y político que favorezca la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, y la redistribución de tiempos de trabajo, ocio y cuidados" que "ha sido un compromiso del Gobierno desde el inicio de la legislatura".

Concluye la declaración diciendo que "una sociedad madura debe garantizar la distribución justa del tiempo y de la riqueza, un marco en el que el sistema productivo tenga en cuenta los tiempos de vida”.