Este fue el principal resultado de la reunión que mantuvo el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, con los representantes de las comunidades para preparar la cumbre de líderes europeos en Bruselas, en la que estará presente el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero.

La inmigración se convirtió en el principal asunto de la reunión, tanto por la avalancha de cayucos procedentes de Africa que está sufriendo Canarias en los últimos meses como por las consecuencias sociales que está teniendo en algunas comunidades el incremento de la población que provoca la llegada de inmigrantes.

Los representantes de las comunidades autónomas pidieron al ministro de Administraciones Públicas que Rodríguez Zapatero reclame en el Consejo Europeo una mayor implicación de las instituciones comunitarias para sentar "las bases de una política europea de inmigración".

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Carlos Mauricio, explicó al término de la reunión que el ministro Sevilla recogió la demanda de las comunidades y se comprometió a que "si España no es el que lidera las bases de una política migratoria común en la UE, no existirá una política común europea".

Mauricio protegonizó una de las intervenciones más largas de la reunión con el Gobierno para explicar con detenimiento los problemas que sufre Canarias e insistir en que la política migratoria europea debe afrontarse "desde una política integral de conjunto de las políticas".

El consejero canario resaltó también que, aunque su comunidad es la que está padeciendo una "presión mayor" de la inmigración irregular, el resto de las comunidades autónomas sufren las consecuencias cuando estas personas "se trasladan" a otros puntos del territorio español.

Por parte de Murcia, la secretaria de Acción Exterior y relaciones con la UE, María Dolores Alarcón, destacó que el aumento de la inmigración en España ha generado un incremento poblacional ha provocado en su región un mayor gasto público en distintas áreas, especialmente en Sanidad.

Asimismo, el ministro de Administraciones Públicas aprovechó el debate sobre inmigración para anunciar a los representantes de las comunidades que en el Consejo Europeo se este fin de semana se aprobará una declaración sobre Africa y las necesidades del continente.

Algunos consejeros de comunidades autónomas manifestaron su preocupación por la reducción de las ayudas europeas, si bien el ministro remitió cualquier consulta al respecto al Ministerio de Economía y Hacienda que dirige Pedro Solbes.

Otro de los puntos tratados fue las posibles consecuencias que tendrá en el sector servicios la Directiva Bolkenstein, que permite a una empresa trabajar en toda la UE aplicando la legislación del país de origen. Las comunidades advirtieron al Gobierno de lo "compleja" de la medida y alertaron de que necesitarán un plazo de tres años, en lugar de los dos habituales, para poder adaptarse a ella.

Por último, el vicepresidente de la Junta de Extremadura, José Ignacio Sánchez Amor, manifestó una suave queja por el modo en el que se coordina la participación de las comunidades en asuntos relacionados con la Unión Europea con el ánimo de que pueda mejorarse en el futuro.