Según afirmó hoy el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, "cada año, el volumen de dinero negro que se mueve supera en varios enteros el PIB de los países de la Unión Europea".

López Aguilar realizó estas manifestaciones durante la presentación del Organo de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP), cuyo objetivo es intensificar la lucha contra el blanqueo de dinero y contra el crimen organizado en España.

"Las masas de dinero negro procedente de negocios ilícitos, que tienen que ver con la extorsión, con el tráfico de personas, de armas y con el terrorismo internacional, busca su penetración en España con todos los mecanismos que tiene a su alcance", subrayó el ministro.

"El crimen organizado es el crimen de nuestro tiempo", afirmó el titular de Justicia, quien aseguró que el volumen de dinero negro que se mueve en España cada año es "astronómico".

López Aguilar se mostró especialmente crítico con el sector inmobiliario. "Está constatado que en España la penetración de dinero negro a través del sector inmobiliario, y consiguientemente la presión especulativa sobre el suelo y sobre las políticas urbanísticas dependientes de los poderes públicos, son un riesgo mayúsculo para la seguridad pública y para la credibilidad de las instituciones".

En este sentido, el ministro recordó que los notarios han de velar "escrupulosamente" por la legalidad de los actos jurídicos. De este modo, realizó un llamamiento al colectivo notarial para que actúe de modo coordinado en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Es un hecho, apuntó el ministro, "que los notarios pueden prestar un servicio en la seguridad pública y en la prevención del blanqueo de dinero a través de la detección, conforme a un conjunto de parámetros objetivos y de indicadores de riesgo de sospecha, de que a través de los negocios jurídicos que conocen se está intentando blanquear dinero".

En este sentido, los notarios deberán estar atentos y comunicar a la OCP sus sospechas en todos aquellos casos en los que se utilicen masas de dinero procedente del extranjero o se produzca la creación de una cadena de de sociedades instrumentales que están vinculadas y estén operando entre sí, o cuando se trate importantes cantidades de dinero procedentes del negocio del juego.

Si el notario no procediera a informar respecto a un caso sospechoso incurriría en un delito que, dependiendo de la gravedad, podría acarrear una sanción penal o administrativa.

El nuevo órgano, operativo desde el pasado 24 de diciembre, permite fortalecer la colaboración de los notarios con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del Blanqueo de capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) y con las autoridades judiciales.