La colonia de inmigrantes ha crecido considerablemente en los últimos años en torno a un centro de acogida de la localidad cacereña. Esta situación ha provocado varios incidentes serios en los pueblos pedáneos de la zona, con un intento de linchaiento incluido.

Tras una investigación, la gobernadora civil de la ciudad, Alicia Izaguirre, reunió ayer al alcalde de Talayuela y a varios representantes de protección civil, a los que comunicó su intención de iniciar una operación de expulsión de ilegales.

Un portavoz del Gobierno Civil aseguró a Servimedia que la decisión no oculta ningún sentimiento racista, tan sólo se cumple con la normativa vigente en el país, una vez cumplido el plazo dado por el Gobierno para la legalización de estas peronas.

El mecanismo de expulsión se iniciará con la localización y detención de los individuos que carezcan de documentación y se les pondrá en la frontera.

Según el testimonio de algunos vecinos, la presencia de extranjeros en la zona alarmó a la población de Talayuela y sus pueblos pedáneos, ya que la mayor parte de los ilegales viven en situación de miseria extrema y en medio de una falta de higiene total.

"Estas personas", añadió un vecino, "suelen dormir en la calle, hacen sus necesidade en los portales, piden por las casas y dejan desperdicios por todas partes".