El Real Decreto se elaboró, de forma conjunta, por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Sanidad, centrándose ambos en las directrices aprobadas ya por la Unión Europea sobre esta materia.

El departamento que dirige Celia Villalobos dictará los límites y pautas sanitarias que deben aplicarse basándose en la recomendación del Consejo de la Unión Europea de 1999.

Por su parte, el ministerio que dirige Anna Birulés asumirá el compromiso y pondrá los medios técnicos necsarios para controlar el cumplimiento de los límites de protección sanitaria por parte de los operadores de telecomunicaciones.

Además, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha formado un comité de expertos independientes de carácter multidisciplinar que ha elaborado un estudio, en el que se concluye que no ocasiona efectos adversos a la salud la exposición a campos electromagnéticos dentro de los límites recogidos en la recomendación del Consejo de la Unión Europea de 1999.

Asimismo, el estudio indca que, con los valores actuales de potencia de emisión y a las distancias calculadas en función de los criterios de la Unión Europea, las antenas y los teléfonos móviles no representan un peligro para la salud pública.