El Gobierno aprobó ya el anteproyecto de la ley que regulará el derecho de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas a aprender, conocer y usar esta lengua, así como a elegir entre los distintos medios de apoyo a la comunicación oral utilizables para relacionarse con su entorno.

En un escrito enviado al Congreso de los Diputados y al que tuvo acceso Servimedia, el Ejecutivo explica que aún desconoce la demanda de intérpretes de lengua de signos que suscitará la aprobación de la ley y, por tanto, también su coste.

Cuenta, sin embargo, con que en España existen actualmente unos 1.880 intérpretes distribuidos por todas las comunidades autónomas. Ese número incluye a intérpretes acreditados por la Confederación Nacional de Sordos (CNSE) y a alumnos que han finalizado el ciclo formativo.

Según los datos con los que cuenta el Gobierno y sobre los que está trabajando para aprobar el proyecto de Ley de la Lengua de Signos y Apoyo a la Comunicación Oral, formar a cada uno de esos intérpretes cuesta unos 14.000 euros.