La decisión del Gobierno central cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado, que mantiene que las instituciones de régimen económico matrimonial reguladas en la ley recurrida carecen de antecedentes en el ámbito de la legislación autonómica civil de Valencia.

Aunque la Comunidad Valenciana sostiene que el nuevo Estatuto de Autonomía le reconoce competencia para recuperar los Fueros abolidos en 1707, el Gobierno mantiene que esta potestad debe ejercerse necesariamente, como expresamente declara el Estatuto, "al amparo de la Constitución Española".

Según el Gobierno central, el ejercicio de la competencia autonómica requiere, por virtud del artículo 149 de la Constitución Española, que el derecho que vaya a ser objeto de conservación, desarrollo y modificación tenga una necesaria vigencia, sin que pueda ampliarse ilimitadamente a cualquier materia objeto de una regulación pretérita.