El Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero considera que es el Estado el que ostenta la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales.

El requerimiento de la Generalitat catalana apuntaba que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (Aneca) vulnera las competencias en materia de enseñanza de su Estatuto de Autonomía.

A su juicio, las atribuciones que el real decreto que regula la acreditación de los planes de estudios universitarios asigna a la Aneca competen a la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña.

El Gobierno central estima que el real decreto no altera la titularidad de la competencia ejecutiva para la verificación de los planes de estudio, que corresponde al Consejo de Universidades.

Asimismo, señala que la evaluación del plan de estudios no se atribuye a la Aneca en términos exclusivos, sino que deberá ser efectuada por esta agencia o los órganos de evaluación "que la ley de las comunidades autónomas determinen".