Así lo admitieron fuentes del Ejecutivo después de que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz y ministra de Política Territorial, Isabel Rodriguez, manifestó en “nombre del Gobierno, el absoluto respeto por todas las resoluciones judiciales”.

Rodríguez trasladó que “la respuesta que se ha dado en esta resolución” por parte del TJUE, “lo que avala es el ordenamiento jurídico español y lo que parece traducir este hecho es que se va a facilitar que Puigdemont pueda rendir cuentas ante la justicia española como tantas ocasiones ha reiterado su necesidad el Gobierno de España”.

Según fuentes del Ejecutivo, la decisión del TJUE es un paso más en el acercamiento de Puigdemont a la justicia española, por más que sus abogados y próximos quieran ‘vender’ lo contrario, hasta el punto de que querer usar la clásica fórmula en política de "vender como victoria una derrota", algo "más viejo que el hilo negro".

Desde La Moncloa apuntan que se trata de un "avance más" para que Puigdemont rinda cuentas, pero aun queda la resolución del Tribunal General de la UE, que es el que debe dilucidar la situación de la ‘inmunidad’ de Puigdemont por su condición de miembro del Parlamento Europeo, una decisión que esperan para el segundo trimestre.