Molina aseguró que la consecución de esa figura supondrá "la mayoría de esta región", aunque se mostró pesimista ante el pleno, tras la suspensión recientemente de la proposición de ley para la creación del Consejo Económico y Social, también propuest por su partido.

A su juicio, es necesaria una institución autónoma e independiente que garantice los derechos y libertades de los castellano-manchegos frente a las actuaciones arbitrarias de la Administración regional.

Según Molina, la figura del defensor del ciudadano, cargo que tendría una vigencia de 5 años y que podría ser reelegido por dos tercios del Parlamento regional, es imprescindible para Castilla-La Mancha, ya que esta es una comunidad que durante 8 meses carece de su función de contol del Gobierno, al no existir período de sesiones y plenos.