La proposición de ley traslada a la legislación española el reglamento de la Unión Europea (UE) de 1994, que define los usos prohibidos de estas sustancias que dañan la capa de ozono.

Las sustancias afectadas por la normativa son las incluidas en el Protocolo de Montreal, entre ellas los clorofluorocarburos (CFCs), los hidroclorofluorocarburos (HCFCs) y el bromuro de metilo.

La sueración de los cupos de producción y utilización de CFCs y bromuro de metilo, sustancia utilizada en algunos sectores agrícolas para combatir plagas, está tipificada como infracción muy grave, que podrá ser sancionada con multas de 50 a 200 millones de pesetas. Las infracciones más leves serán castigadas con multas de, como mínimo, un millón de pesetas.