Este compromiso fue logrado en la reunión que mantuvieron el martes pasado, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, representantes de este departamento, de las secretarías generales de Medio Ambiente y Costas, del Icona y del Gobierno autónomo cántabro.

El objetivo de la reunión fue unificar criterios sobre la demanda que ha presentado la Comisión Europea ante el Tribunal de Luxemburgo, por el deterioro de las marismas.

La decisión de la Comisión de denunciar a Españapor el progresivo abandono que sufren las marismas de Santoña fue conocida la semana pasada y se produce después de reiteradas demandas presentadas por la asociación ecologista Arca ante los organismos europeos.

El consejero de Ecología del Gobierno cántabro, José Luis Gil, aseguró hoy en rueda de prensa que las autoridades españolas prevén que el contencioso jurídico se retrase, "tiempo que aprovecharemos", dijo, "para demostrar que por parte española hay voluntad de recuperar las marismas".

ALEGACONES

A partir del conocimiento de la denuncia, España deberá presentar al Tribunal de Luxemburgo sus alegaciones técnicas sobre la situación de las marismas, antes del próximo 22 de febrero.

Gil anunció también que, independientemente de la argumentación jurídica, las autoridades españolas intentarán presentar en este documento propuestas de resolución a los tres principales factores de deterioro de las marismas de Santoña que son: el relleno de la citada área con material de cantera para la consrucción de la carretra de Santoña-Argoños, la ubicación del citado polígono industrial de Laredo y el vertido de aguas residuales.

El anuncio de que la Diputación Regional de Cantabria intentará conseguir del Ayuntamiento de Laredo una renuncia a sus derechos sobre la parte no edificada del polígono industrial, dijo Gil, supone un primer paso para demostrar esa "buena voluntad" de las autoridades españolas.

En una segunda fase del plan de recuperación de la zona, el Gobierno cántabro prevé el sanamiento de las marismas afectadas por el vertido de aguas residuales de pueblos que las circundan.

El coste de esta operación de limpieza y de las que se tendrán que llevar a cabo también en la Ría de San Martín y la Bahía de Santander ronda los 20.000 millones de pesetas, gasto que, según reconoció el consejero de Ecología, la diputación regional no puede afrontar en estos momentos.