EL GOBIERNO DE CANTABRIA PENDIENTE DE LA LECTURA EL PROXIMO VIERNES DE LA SENTENCIA POR EL "CASO HORMAECHEA"
-A pesar de que la resolución es guardada celosamente, todo hace indicar que el presidente regional será condenado.
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El presidnte de Cantabria, Juan Hormaechea, afrontará el próximo viernes uno de los momentos más delicados de su mandato cuando el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Claudio Movilla, comience a las 10.00 horas la lectura de la sentencia del juicio seguido contra él y los nueve miembros de su primer Ejecutivo por los supuestos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación.
Aunque el contenido de la resolución judicial es guardado celosamente por los tres magistrados encargads de juzgar al presidente cántabro, lo que ha llevado a la que misma no fuese transcrita por los funcionarios que habitualmente realizan este trabajo en el TSJC, todo parece indicar, según fuentes cercanas al tribunal, que la misma será condenatoria, al menos, para Juan Hormaechea.
Estas fuentes señalan que el TSJC condenará a ocho de los diez procesados -Juan Hormaechea, Roberto Bedoya, David Puebla, Rogelio Pérez Bustamante, José Parra, Gonzalo Piñeiro, Alberto Rodríguez y Vicente de la Hera- por trs de los cinco hechos que se juzgaron en el macroproceso: Los remitidos en Prensa (el fiscal no pedía pena en este asunto), la contratación de carteles de obra y los estudios encargados a la empresa Cantel.
Los otros dos procesados, Dionisio García Cortazar (actual consejero de Cultura) y Ricardo Conde Yagüe, serían absueltos al estar únicamente encausados por el asunto de la contratación de una encuesta a la empresa Aecas, en el que, según el tribunal, no habría indicios de delito.
Pero el dictaen judicial no contará con la unanimidad de los tres magistrados, puesto que todo hace indicar que juez José Redondo elaborará un voto particular basándose en asuntos formales.
El ministerio fiscal solicitó durante la vista oral para el presidente cántabro la pena de 18 años de inhabilitación, mientras que las acusaciones particulares solicitaron penas de privación de libertad.
Todas las fuentes consultadas han señalado que aunque la cuantía de la pena no puede ser determinada todo señala a que l misma podría cifrarse en torno a los seis años de inhabilitación.
(SERVIMEDIA)
18 Oct 1994
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