Ayala explicó que se trata de fondos procedentes en su mayoría de la Unión Euopea, que fueron transferidos a empresas para mejorar su producción y que todavía no han sido justificadas ante la Administración.

La mayoría de las empresas beneficiadas so cooperativas y compañías que en muchos casos cobraron la subvención, pero no han justificado los gastos. Ayala reconoció que incluso alguna de estas empresas han desaparecido nada más cobrar el dinero, por lo que se sospecha de casos de fraude planificado de forma meticulosa.

Aurelio Ayala anunció en rueda de prensa en Las Palmas de Gran Canaria que se ha abierto una investigación de todas aquellas ayudas que no han sido justificadas y señaló que acudirá a los tribunales para recuperar el dinero, recrriendo incluso al embargo de las propiedades de las personas que solicitaron las subvenciones.

El director del Icfem se mostró tajante al asegurar que todo el dinero entregado a las empresas "tiene un carácter finalista y quien no lo haya empleado lo tendrá que devolver, porque no estoy dispuesto a favorecer el clientelismo". Añadió que prefiere no pedir dinero a la Unión Europea que "tirarlo a la basura", en referencia a la picaresca detectada en algunos de los casos investigados.

Aseguró que etre los investigados no se encuentra ningún sindicato, aunque sí la Asociación de Pequeñas Empresas de Economía Social (Apeco), "que es una de las empresas que más problemas tiene para justificar en qué se ha gastado el dinero".