El director general de Disciplina Urbanística de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Aurelio Ayala, ha anunciado que su departamento no amnistiará todas las viviendas ilegales detectadas, sino que para ello se establecerán criterios sociales y paisajísticos.

La demolición de las viviendas ilegales que no se consideran de necesidad socialse efectuará a lo largo de esta legislatura autonómica, es decir, en los próximos tres años.

El Ejecutivo regional entiende que una amnistía o un perdón absoluto a todas las viviendas ilegales supondría "no una ley de punto final, como se ha dicho, sino de punto y seguido, ya que se agravaría la situación".

Según un estudio efectuado por Disciplina Urbanística, la mayoría de las viviendas a demoler "son segundas residencias que corresponden al capricho de algunos ciudadanos".

Aurelio Ayala ausó a los ayuntamientos de mantener una "desidia y apatía" en el control de las viviendas ilegales, que sólo se utiliza "con fines electoralistas". Asimismo, culpó a los municipios de no crear bolsas de suelo urbanizable y de "tolerar esas viviendas clandestinas".

Los municipios en los que existen mayor número de viviendas ilegales son las Palmas de Gran Canaria y Gáldar, en la isla de Gran Canaria, y Arona e Icod de los Vinos, en Tenerife.