La propuesta conjunta de las consejerías de Empleo y Asuntos Sociales, Presidencia y Relaciones Institucionales y Economía y Hacienda dará preferencia a las emresas que, en el momento de la licitación, cuenten en su plantilla con un número de trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%, siempre que sus proposiciones obtengan una evaluación global que no se distancie en más de un 15% de la mejor valorada.

Si varias empresas licitadoras acreditan tener relación laboral con personas con minusvalías, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato la que disponga del mayor número de trabajadores fijos discapacitados en su plantilla y se comprometa a antenerlos el tiempo que dure el servicio o durante el plazo de garantía del suministro.

El decreto 26/1999 considera persona con minusvalía aquella que padezca una disminución de sus facultades físicas, psíquicas o sensoriales en un porcentaje igual o superior al 33% con secuelas definitivas, si bien con la capacidad suficiente para realizar las tareas que corresponden a su puesto.