La sentencia mantiene que la citada campaña institucional recurrió a elementos que pudieron confundir al electorado. La campaña fue suspendida cautelarmente por la Junta Electoral Provincial y Central, tras un recurso presentado por el Patido Socialista, que acusó al Gobierno canario de utilizar la celebración del día de la comunidad de forma partidista.

Aunque el juez instructor consideró que la infracción administrativa debería ser sancionada con 200.000 pesetas, la Junta Electoral Provincial redujo la sanción a 100.000, al entender que no queda demostrada la intencionalidad del Gobierno canario.