La mayoría de los bingos ilegales estaban en viviendas particulares de Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Gáldar y Arrecife de Lanzarote, por lo que las autoridades precintaron las casas e incautaron el material que encontraron en su interior.

Casi todas las actuaciones fueron por denuncias de los vecinos, en su mayoría por los ruidos y molestias que les ocasionaban.

Las multas establecidas para cada uno de los centros clandestinos sancionados uperan el millón de pesetas. Además, el Gobierno canario remitió informes al Gobierno Civil y a los respectivos ayuntamientos, para que adopten medidas de sanción complementarias, ya que las viviendas incumplían normativas dictadas por dichas instituciones.