En Canarias, las oficinas habilitadas se encuentran en las sedes de la viceconsejería de Tenerife y Gran Canaria, mientras que en el extranjero se abrirán en las casas canarias, como sucede con la oficina canaria de Fomento Económico de Caracas (Venezuela).

En colaboración con otras instituciones, como el Inem y sericios sociales, la oficina del inmigrante eliminará los obstáculos con los que se encuentran los canarios que quieren recobrar su antigua vida en el Archipiélago.

El viceconsejero de Relaciones Institucionales del Gobierno de Canarias dice que la mayoría de las personas que usarán estas oficinas tienen un perfil muy definido, ya que suelen ser jubilados o a punto de jubilarse, que poseen en las islas antiguas propiedades y que tienen problemas como cotizaciones de la Seguridad Social y pensiones.

Además, algunos emigrantes canarios ya han perdido la nacionalidad española y por lo tanto el derecho a percibir prestaciones sociales.

Para intentar paliar esta situación, el ex fiscal general del Estado, Eligio Hernández, se desplazó hace unos meses por varios países de Hispanoamérica donde se entrevistó con las colonias canarias asentadas e inició conversaciones con el Ministerio del Interior para que se tuviesen en cuenta este tipo de casos.

El Gobierno canario ha previsto para personas que ncesiten ayudas, una línea de subvenciones que alcanza los 90 millones de pesetas dirigidas a personas mayores, sin viviendas o enfermas que no renunciaron a ser españolas pero que perdieron su nacionalidad con el tiempo.