En primer lugar, el Ejecutivo canario estará representado en la Oficina de Atención a las Víctimas, que tendrá su sede en la Delegación del Gobierno en Canarias y contará con un representante de esta comunidad, que será el secretario general de Presidencia, Juan Fernando Ríos Rull.

Por otra parte, la consejería canaria de Bienestar Social, Juventud y Vivienda acometerá un estudio para conocer la situación en la que "queda cada una de las familias afectadas" tras el accidente, según la portavoz del Gobierno canario, Carolina Déniz.

Por último, Déniz afirmó que el Ejecutivo regional "adoptará las acciones que correspondan, que pueden ser becas, pensiones o apoyo psicológico" y además apoyará, si se constituyeran, a las asociaciones en defensa de los derechos de los afectados.

Estas tres actuaciones no tienen plazos todavía porque "no sería prudente", según Carolina Déniz, cuando aún no se ha resuelto el traslado de la totalidad de las víctimas.

En cuanto a la posición del Gobierno de Canarias en relación con el accidente, la portavoz la calificó como "discreta" e insistió en que la compañía aérea Spanair publicó la lista de pasajeros "muy tarde", aunque "tras la incorporación de los directivos de la empresa a sus puestos, todo ha mejorado", concluyó.