Así, Blasco señaló que el documento ideado por el Gobierno del popular Francisco Camps "plasma la importante responsabilidad que estamos asumiendo, tanto la Generalitat como la administración local, en su intento de paliar las limitaciones de una regulación estatal de extranjería carente de contenido social hasta este momento".

Además, el consejero explicó que el contrato, que desarrolla el marco competencial de la Comunidad, "es el compromiso de la sociedad valenciana y con la sociedad valenciana para poner a disposición de las personas más vulnerables los instrumentos necesarios para la integración".

"Desde la Generalitat nos comprometemos a garantizar y ofrecer una serie de instrumentos que puedan servir para facilitar la integración social, tanto para los que vienen a vivir aquí, como para los que ya lo hacemos", aseguró Blasco.

"Pero esta iniciativa es mucho más", puntualizó el titular de Inmigración y Ciudadanía, quien añadió que "la aprobación de la Ley de Integración comportará una serie de ventajas que van mucho más allá de la formación en el conocimiento de nuestras lenguas oficiales o de las normas de convivencia y que se traduce en prestaciones transversales concretas".

En su opinión, la iniciativa del Gobierno valenciano "refuerza y facilita" el acceso a los sistemas de salud y educación, ofrece orientación laboral, favorece la accesibilidad a la vivienda, promueve el retorno voluntario, fomenta la participación de los extranjeros en el codesarrollo de sus países de origen y contempla medidas adicionales de protección para mujeres, niños y jóvenes.