En una respuesta parlamentaria fechada en el mes de octubre, a la que tuvo acceso Servimedia, el Ejecutivo explicaba que de los 49 trabajadores de la sede en Madrid que se trasladaron a Barcelona, 11 han solicitado la recolocación en otros organismos en la capital y el resto han optado por quedarse en la CMT, la mayoría personal técnico.

"Los datos anteriores reflejan que un porcentaje importante de personal cualificado de la CMT se ha trasladado a Barcelona y permanece en la Comisión, sin que se haya visto afectado el normal funcionamiento del regulador durante este periodo", añadía en la respuesta.

La CMT contaba en Madrid con 126 trabajadores, incluyendo personal directivo, cuando se publicó el real decreto por el que se trasladó su sede a Barcelona. Actualmente, de esa plantilla se mantienen en la Comisión 12 directivos y 49 técnicos y administrativos.

A éstos se han sumado 40 efectivos más (34 técnicos y 6 administrativos) y 5 directivos de nueva incorporación. La plantilla efectiva asciende así a 106 efectivos, y el Gobierno mantiene su objetivo de alcanzar en 2007 su dotación máxima, de 142 empleados.

En cuanto al personal procedente de la plantilla incial que ha sido recolocado en otras entidades del sector público estatal, "se ha integrado plenamente en estas entidades desde el 1 de enero de 2006, mediante subrogación de contrato, con respeto a su antigüedad y retribución en la CMT", explicaba el Ejecutivo.

El departamento que dirige Joan Clos resaltó que la CMT se ha dotado en Barcelona de una "estructura más racional y con un nivel de cualificación más elevado, al crearse en 2006 una nueva categoría de técnicos que aporta mayor calidad profesional y contribuye a mejorar la coordinación entre las distintas direcciones y la estructuración de los diferentes equipos de trabajo".

TEMORES E INQUIETUDES

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo respondía así al diputado del PP Fernando Castelló, que pidió la opinión del Gobierno sobre las declaraciones de la comisaria europea de la Sociedad de la Información, Viviane Reding, sobre la pérdida de personal cualificado y la inseguridad jurídica generados por este traslado.

El Ejecutivo indicaba en la contestación que "cualquier proceso de descentralización o deslocalización administrativa puede suscitar temores e inquietudes entre quienes mantienen un contacto directo y más estrecho con estos organismos, porque supone adaptarse a otras condiciones ambientales y a un tiempo mínimo de consolidación para su personal".

"No obstante, el traslado de la CMT puede considerarse ejemplar, dado que está funcionando con total normalidad y ejerce sus competencias a pleno rendimiento", continuaba. "Prueba de ello fue que el 20 de julio de 2006, la CMT aprobara la notificación a Bruselas de los tres últimos mercados pendientes de analizar".

España se convierte de este modo, concluía, "en uno de los primeros países de Europa, tan sólo por detrás de Finlandia y República Checa, en efectuar las mismas, cumpliendo el compromiso de tener notificados los 18 mercados en la primera parte del año", como recomendó la Comisión Europea.