El plan establecerá también otra hipótesis de trabajo más "realista", que contempla un recorte anual del 0,5 por iento, lo que dejaría el déficit en el 1,9 por ciento del PIB en 1996.

El Consejo de Ministros no aprobó hoy, como estaba previsto, el plan de convergencia. Rosa Conde explicó en rueda de prensa que el Ejecutivo ultimará su redacción la próxima semana, a continuación lo expondrá en el debate del "estado de la Nación" y lo aprobará definitivamente a la semana siguiente. Posteriormente, será presentado a las fuerzas políticas y a los interlocutores sociales.

El Gabinete dedicó hoy gran parte de su eunión a analizar el conjunto de reformas estructurales de la economía, fundamentalmente del mercado de trabajo, que contendrá el plan.

La ministra Portavoz rehusó explicar en detalle cuáles serán las líneas generales del programa, pero reconoció que, con toda probabilidad, la inversión en infraestructuras "ya no será la prioridad número uno", como ha defendido el Gobierno en años precedentes.

Conde subrayó que la aplicación del plan de convergencia requerirá un "esfuerzo riguroso" a toda la socidad, "que no será fácil", y exigirá, al mismo tiempo, una actuación "concertada" con los agentes políticos y sociales. "La convergencia será más posible si se concierta el plan con las fuerzas políticas y sociales", afirmó.

REFLEXION

La Portavoz señaló que el Gobierno no esperaba una inflación tan alta como la del 0,7 registrada en febrero, y dijo que ello obliga a "una reflexión de corresponsabilidad" por parte del Gobierno y los ciudadanos.

Opinó que ahora vuelve a imponerse esa exigencia queplanteó públicamente Felipe González en una ocasión sobre la necesidad de contener el consumo privado y "que entonces fue mal comprendida", "La inflación no es un problema sólo del Gobierno, sino de todos los ciudadanos. Es necesario un mayor control de todos", recalcó Conde.

Precisó, sin embargo, que el elevado IPC de febrero no trastornará el cuadro macroeconómico sobre el que trabaja el Gobierno para adecuar la economía española al marco de la Unión Económica y Monetaria Europea.

La ministra aeguró que el Ejecutivo se siente moral y políticamente fuerte para pedir un "sacrificio" a la ciudadanía, pese "a la inquietud y tensión social" que se registra estos días en el país a causa de varios conflictos laborales.

En cuanto a la violencia desatada en recientes huelgas, afirmó que el Gobierno "siempre ha sido muy crítico con los brotes de violencia en los conflictos laborales".

"Es preocupante que en los últimos meses, algunos importantes conflictos hayan producido una violencia que a nad nos lleva", agregó.

Por otra parte, la Portavoz informó de que el presidente del Gobierno ya tiene elaborado un borrador de respuesta al informe que le presentaron el pasado día 4 los sindicatos UGT y CCOO sobre la política industrial. Aseguró que la contestación definitiva será enviada la próxima semana, con toda probabilidad.