Esta iniciativa del Ejecutivo ha sido interpretada en algunos sectores del estamento fiscal como un frenazo al posible nombrmiento de Jimenez Villarejo, que fue propuesto para ocupar el cargo por el fiscal general el pasado 13 de septiembre.

La petición del Ministerio de Justicia e Interior se dirigió al fiscal general el 28 de septiembre, con el fin de que el Gobierno pueda decidir "con conocimiento de causa" entre los aspirantes, según confirmó Justicia a esta agencia.

La solicitud de información es un "trámite habitual" en estos casos y no supone "cuestionamiento alguno" de la figura de Jimenez Villarejo, actual fical jefe del Tribunal Superior de Cataluña, cuyo nombramiento no está descartado por el Ejecutivo.

El fiscal general del Estado, Carlos Granados, propuso al Gobierno a Carlos Jiménez Villarejo como jefe de la futura Fiscalía Especial de Delincuencia Económica relacionada con la Corrupción, que está previsto que comience a funcionar próximamente.

Según explicó el propio Granados, Jimenez Villarejo no fue, sin embargo, el aspirante a la jefatura de la nueva fiscalía que obtuvo más votos, sino que fe Juan Ortiz Urculo, por lo que ahora el Gobierno quiere conocer más a fondo el curriculum de otros cantidatos y en especial del que recibió más apoyo.

Granados señaló que Ortiz Urculo, presidente de la Asociación de Fiscales, fue votado por 6 de los 12 miembros del Consejo Fiscal, mientras que Jiménez Villarejo tan sólo logró 5 votos, ya que al ser miembro del Consejo Fiscal se abstuvo de votar su propia candidatura.

Granados, que indicó que él había votado a favor de Jiménez Villarejo, agregó qe la abstención de éste se puede interpretar como otro voto favorable. Jiménez Villarejo es actualmente fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Además de este nombramiento, el fiscal general del Estado elevó al Ejecutivo el nombre de Luis López Sanz, fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid, como teniente fiscal de la nueva fiscalía, puesto para el que competía con Luis Barroso, fiscal de la Audiencia Nacional, sobre el que también pide información el Ministerio de Justicia e Intrior.

Además, el fiscal propuso al Gobierno que integren la Fiscalía Anticorrupción los fiscales Salvador Viada, Teresa Gálvez, Vicente González y Alejandro Luzón, actual fiscal del 'caso Roldán', así como Carlos Castresana y Luis Rodríguez con categoría de abogados fiscales.

De todos ellos, Granados destacó que son "profesionales magníficos y muy cualificados" y reclamó al Ejecutivo los medios materiales necesarios para poner en marcha la Fiscalía Anticorrupción.

La Fiscalía Anticorrupción,cuya estructura orgánica está inspirada en la Fiscalía Antidroga, tendrá adscrita una unidad especial de la Policía Judicial de modo permanente.

Su competencia se extenderá a los delitos contra la Hacienda Pública, contrabando y control de cambios, prevaricación, abuso o uso de información privilegiada, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales y delitos de cohecho.

Corresponderá al fiscal general del Estado decidir cuándo es precisa la intervención de esta nueva unidad, loque ha sido criticado tanto por el PP como por las asociaciones de fiscales.