Ante la avalancha de refugiados en tierras británicas, los servicios de inmigración de este país contabilizan más de 10.000 al año, el ministro de Interior, Jack Straw, ha anunciado una nueva medida para evitar el hacinamiento de los solicitantes de asilo en las cárceles comunes. Muchos de estos tienen que esperar varios meses para que se les reconozca como verdaderos refugiados.

Sin embargo, la idea del gobierno de "instalarlos" en el antiguo campo de prisioneros de guerra en Aldington, ha provocado a reacción de numerosos grupos defensores de derechos humanos. El Consejo para Refugiados y la Fundación Médica para Víctimas de la Tortura ya ha criticado la medida.

Alison Harvey, de esta última organización, ha declarado al diario inglés que la detención puede traumatizar gravemente a estos inmigrantes que, en su mayoría, huyen de sus países después de haber sufrido guerras y torturas.