Daniel Ballesteros hizo esta afirmación después de que la Confederación Hidrográficadel Júcar (CHJ) aprobase hoy un nuevo trasvase de 11,2 hectómetros del Júcar a varios municipios de la mancomuniad de los canales del Taibilla, en la provincia de Alicante.

"El Gobierno de Castilla-La Mancha no va a oponerse al envío de agua para resolver los problemas de abastecimiento que existan en cualquier territorio, pero el procedimiento que se está siguiendo no es el más correcto", señaló.

En este sentido, apuntó que ese trasvase puede ser ilegal, "ya que no está amparado por el Plan Hidrlógico del Júcar". "En todo caso", añadió, "la Junta de Gobierno de la Confederación del Júcar no es el órgano competente para aprobar este envío, ya que su aprobación depende del Gobierno de España".

Según Ballesteros, estos trasvases "ponen de manifiesto el espectacular aumento de los consumos de agua en la costa alicantina, desde Santa Pola hasta Benidorm, como consecuencia de la expansión urbanística de estos municipios debido a la industria turística y el ocio".

"No es de recibo que se le pia un sacrificio al río Júcar, que tiene que atender unas necesidades de abastecimiento y regadíos, además de un caudal ecológico, mientras que los regadíos del trasvase disfrutan de la totalidad del agua que tienen concedida", afirmó.

Por ello, Ballesteros ha propuesto a la Junta de Gobierno de la CHJ que no vuelvan a aprobarse estos trasvases, sino que se inste a las administraciones competentes a no aprobar más proyectos urbanísticos en la zona atendida por la Mancomunidad de los Canales del Taibill si no existen garantías de abastecimiento.