El interés del Gobierno regional de Baleares estriba en que el empresario investigado es también presidente de la constructora Bayopsa, a la que las autoridades de Obras Públicas de las islas han adjudicado varias obras, entre las que destaca la carretera entre Deiá y Soller (Mallorca), por un importe de 350 millones de pesetas.

La investigación del Gbierno de Castilla y León se produjo después de que una auditoría realizada por Price Waterhouse arrojase dudas sobre el destino final de la suvbención que la administración regional otorgó a la empresa, en la que Sanchiz era consejero delegado, y de la que dependen unas 300 familias de la comarca de Béjar.

Hispano Textil y Béjar Patrimonial, que recibió los 600 millones para hacer frente a un plan de reflotamiento, presentó suspensión de pagos en abril del año pasado en un juzgado de Salamanca, fecha en las que el consejero delagado investigado se desplazó a Palma para crear Bayopsa, sin que en Castilla y León se supiera de su paradero hasta ahora.

Las investigaciones realizadas, a raíz de una denuncia de los socialistas castellano-leoneses, apuntan a que Hispano Textil, antes de recibir la ayuda de la Junta, tenía un elevado pasivo, para lo que se creó Béjar Patrimonial, cuya misión era reclamar y recibir las ayudas oficiales del gobierno regional.

También se hace constar que en los primero meses desde su creación, Bayopsa elevó la facturación de 500 a 1.800 millones de pesetas, aspecto que el Grupo Parlamentario del PSOE en Castilla y León asocia al trato de favor recibido por el empresario desde las instancias oficiales del Gobierno balear y el Ayuntamiento de Palma de Mallorca.