El Gobierno Balear tiene un 40,8 por ciento de las acciones de Capital Riesgo. El resto de accionistas son entidades bancarias, y de forma destacada la Banca March, con un 22,15 por ciento de las acciones.

La Caja de Ahorros catalana La Caixa fue hoy el únic de los socios que mostró su disconformidad con el acuerdo de disolución, tras haber presentado el pasado miércoles una demanda de embargo de la sociedad en el juzgado de instrucción número siete de Palma de Mallorca, por el impago de un préstamo de 200 millones de pesetas.

Desde la creación de Capital Riesgo, a finales de los años 90, el Gobierno balear aportó a la sociedad 460 millones de pesetas en dinero público, íntegramente destinados a potenciar un cementerio privado en el municipio mallorquín e Marratxí, Bon Sosec. El camposanto presentó el año pasado suspensión de pagos, y el ayuntamiento de Palma tuvo que acudir en su ayuda y alquilar sus instalaciones.

El proyecto fallido de Bon Sosec fue determinante para la mala situación financiera de Capital Riesgo, que le ha llevado a su disolución, que tuvo como primer paso el pasado mes de agosto una reducción de capital social de 1.140 a 240 millones de pesetas.

El consejero de economía del Gobierno Balear, Antoni Rami, mostró hoy su "satisacción" ante los medios informativos por la decisión de la junta de accionistas de liquidar la sociead "algo deseado por nosotros y sin invertir ni una peseta más".

Antoni Rami aseguró que "en la liquidación de los activos el Gobierno tratará de recuperar su dinero como el resto de accionistas". Fuentes cercanas al ejecutivo explicaron sin embargo que la recuperación del capital público invertido "es prácticamente imposible".