El proyecto, que será tramitado en el Parlamento balear después del verano, deberá ser cumplido por setenta altos cargos autonómicos; entre ellos el presidente del ejecutivo regional, sus consejeros, los directores generales y la mayoría delos asesores.

La nueva ley obliga a ejercer las funciones públicas "en régimen de dedicación absoluta y exclusiva". Hay excepciones, como son los cargos institucionales sin remuneración o el desempeño de actividades artísticas, literarias, científicas o técnicas no relacionadas con la administración.

El proyecto ha sido aprobado por el Ejecutivo regional del Partido Popular después de doce años de gobierno en las islas. El antecesor de Cristòfol Soler en el cargo de presidente autonómico, GabrielCañellas, siempre fue reacio a ponerlo en marcha.

Como aspectos novedosos respecto a otras normativas autonómicas similares, esta ley prevé la creación de dos registros para verificar el cumplimiento de la normativa: un Registro de Actividades, de carácter público, y otro de Derechos y Bienes Patrimoniales, que tendrá carácter reservado.

El Gobierno balear ha aprobado también hoy una reducción del número de asesores de la administración autonómica, cuya cifra máxima ha pasado de 23 a 20. Soler hareducido notablemente los 33 asesores con los que contaba Cañellas.