Las empresas adjudicatarias de esta venta han sido Factorías Juliana (Gijón), Astilleros de Sevilla (Sevilla) y Construcciones Navales del Norte (Sestao).

La primera empresa adjudicataria pretende mantener la actividad del astillero de Gijón especializándolo en la construcción de barcos quimiqueros de tamaño medio.

Por su parte, los Astilleros de Sevilla tienen previsto concentrar su actividad industrial en la construcción de buques de transporte regular de pasajeros y carga, además de otros buques de transporte especializado de productos.

PREJUBILACIONES

La corporación adjudicataria de los astilleros de Sestao asumirá a 340 trabajadores y pretende construir buques gaseros y dragas. Para adaptar la plantilla de Sestao a la oferta de Construcciones Navales del Norte se procederá a realizar un proceso de prejubilación.

Según el Gobierno, con esta venta se consigue el objetivo incluido en el Acuerdo Marco del 16 de diciembre de 2004 suscrito entre SEPI, Izar y los sindicatos de mantener la continuidad industrial de los centros de Izar en Sestao, Gijón y Sevilla, cumpliendo con el marco comunitario y respetando los derechos de los trabajadores.

En este sentido, y con la finalidad de reforzar las garantías laborales de los trabajadores transferidos con los activos ante una eventual crisis del proyecto industrial de los compradores, se ha suscrito un acuerdo con la Federación Minerometalúrgica de CCOO y con la Federación MCA-UGT.

Este acuerdo contempla el compromiso de SEPI e Izar durante un período de diez años para ofrecer puestos alternativos a los trabajadores eventualmente afectados, así como medidas paliativas y compensatorias en caso de no resultar posible la recolocación.

EXPEDIENTES

En 2004 se resolvieron negativamente los expedientes incoados por la Comisión Europea en relación con determinadas ayudas no notificadas percibidas por Izar entre los ejercicios 1998 y 2000, que fueron declaradas incompatibles e imponiendo a Izar la obligación de su devolución.

Estas decisiones implicaban un montante a devolver superior a 1.200 millones de euros, lo que agravó la situación económica de la compañía.

El Gobierno recuerda que todas las medidas que posteriormente se tomaron en el proceso de resolución de la crisis en la que se encontraban los astilleros públicos contaron con el acuerdo de la Comisión Europea y con la conformidad de los sindicatos.