Este segundo recurso de inconstitucionalidad, después del primero admitido a trámite por el Tribunal Constitucional en octubre del año pasado, se presenta "porque el Gobierno central dejó en manos de la Generalitat de Cataluña la administración del tramo final del Ebro, y rompe el principio de unidad de cuenca que consagra la Constitución, la Ley de Aguas y la Directiva Marco de la Unión Europea", explicó hoy el Ejecutivo murciano.

"Al derogar el trasvase del Ebro de la ley del Plan Hidrológico Nacional, el Gobierno central dejó al gobierno catalán la elaboración del denominado Plan Integral de Protección del Delta del Ebro y la determinación del caudal ecológico del río, cuando sus aguas discurren por nueve Comunidades Autónomas, con lo que divide la cuenca hidrográfica en dos tramos: el administrado por el Estado al ser una cuenca intercomunitaria, y el del tramo final del río administrado por la Generalitat de Cataluña", añadió.

La Comunidad de Murcia está legitimada para interponer este nuevo recurso en base a la concesión de los 450 hectómetros cúbicos procedente de las aguas del Ebro que tenía otorgada la cuenca del Segura con el anterior Plan Hidrológico Nacional, y prueba de ello es la admisión a trámite del anterior recurso de inconstitucionalidad.

Este recurso se sumaría al presentado por la Generalitat Valenciana y al que interpondrán el resto de las Comunidades por las que discurren las aguas del Ebro, como La Rioja, Navarra, y Castilla y León.

Además, la eliminación de la transferencia autorizada a la cuenca del Segura supone romper la "columna vertebral" del Plan Hidrológico Nacional sin aportar una alternativa a los problemas de sequía y escasez de agua que tiene la Región.

En concreto, al romper el principio de "unidad de cuenca" el Gobierno central incumple cuatro preceptos constitucionales, concluyó el Gobierno autónomo.