El Tratado de asistencia mútua entre España y Canadá abarca a las investigaciones de carácter penal, no civil, y la colaboración deberá ser ejecutada sin demora, no pudiendo negarse el Estado requerido en base al secreto bancario.

Respecto al delito de tráfico de drogas, las autoridades de ambs países se comprometen a embargar los alijos que capturen en su territorio con destino al otro Estado.

El convenio presenta una novedad en la práctica jurídica española, ya que se reconoce por primera vez la facultad de los funcionarios consulares de tomar declaración a testigos y a notificar documentos a una persona que comparezca voluntariamente en las oficinas consulares.

El acuerdo entre España y Portugal hará posible que las autoridades judiciales de cada país pueda responder al otro en su engua, no como hasta ahora.

España firmó el Convenio Europeo de Extradición en abril de 1992, exigiendo traducción al español, inglés y francés, y Portugal lo firmó en enero de 1990, pero sin peticiones expresas de traducción.

Ambas partes consideran consideran "por razones prácticas", según fuentes gubernamentales, que es necesario un acuerdo bilateral para especificar que el trámite de extradición pueda hacerse en español o portugués.