Así lo confirmó la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, durante su intervención en el diálogo sobre las 'Claves de la futura reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia', que también contó con la participación del presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas, Jesús Norberto Fernández; el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno y la epidemióloga y experta en envejecimiento Victoria Zunzunegui y que fue moderado por el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa.

En el transcurso de su alocución, Martínez subrayó que la asistencia personal “es una de las cuestiones que quedaron pendientes” durante la legislatura pasada dentro del acuerdo del Plan de Choque para el Sistema de Atención a la Dependencia, convencida de que, en este ámbito, “hay muchas líneas en las que trabajar”.

A este respecto, abogó por “profesionalizar” estos servicios y por “flexibilizar” la formación de estos trabajadores, que, a su entender, tienen que “contar con una formación suficiente y adecuada para las tareas” a desarrollar.

En la misma línea, avanzó que, el Gobierno “va a trabajar conjuntamente” con las comunidades autónomas “qué indicadores y criterios de calidad tienen que tener cada uno de los servicios”.

FALTA DE PROFESIONALES

En cuanto a la cifra de profesionales necesarios en el ámbito de los cuidados de cara a los próximos años, Martínez hizo referencia al informe sobre la ‘Estimación de necesidades de trabajadoras de cuidados de larga duración a 2030’, elaborado por su departamento y según el cual, para mantener la cobertura actual del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD), España necesitará a un total de 751.000 trabajadoras, lo que requiere incorporar a 261.400 personas más de aquí a 2030.

“Tener el número de profesionales necesarios para atender a las personas que van a entrar en el sistema es un reto principal de país”, abundó, convencida de que es un asunto que “trasciende” la reforma de la Ley de dependencia y que tienen que “poner en marcha” no solo los distintos ministerios competentes, sino también las comunidades autónomas y los agentes sociales.

En este sentido, adelantó que la cartera que dirige Pablo Bustinduy “va a buscar soluciones” que permitan, por un lado, “mejorar” las condiciones de trabajo de las trabajadoras, que “son una barrera de entrada al sistema”, pero, también “flexibilizar y mejorar la formación”, un “problema” que ya se evidencia “en muchas comunidades autónomas, especialmente en zonas rurales”.

Se trata, aseveró, de “una cuestión central” que, junto al cambio de modelo, el Gobierno “está afrontando, desde una posición de diálogo y colaboración, con todos los agentes”, al entender que la mejora del sistema “no depende de una sola medida”, sino que requiere de la puesta en marcha de “muchas medidas”.

TRABAJO DOMÉSTICO

En este contexto, también ve “fundamental” abordar la situación del trabajo doméstico ligado a los cuidados, que definió como “uno de los pilares que sustentan el sistema”, y puntualizó que una “mayor profesionalización” y una “flexibilización” en la formación que ayude a las trabajadoras del “mercado informal” de los cuidados a “pasar al sistema” formal “redunda en beneficio de todos”, incluyendo trabajadoras y beneficiarios.

INCOMPATIBILIDADES

Por lo que se refiere a la eliminación de la incompatibilidad entre prestaciones, Martínez resaltó que, con esta supresión, “a partir de ahora, una persona puede estar en un centro de día y, además, tener unas horas de ayuda a domicilio”.

“Y lo hacemos en la lógica de la personalización de los servicios”, apostilló, consciente de que el actual sistema “que tuvo su sentido en 2006”, es “rígido y no da respuesta a cada una de las necesidades, preferencias y voluntad de cada una de las personas y familias”, razón por la cual, eliminar las incompatibilidades “supone que cada uno puede hacerse una carta de servicios en función de sus necesidades”.

ASISTENTE PERSONAL

En el mismo sentido, el presidente del Cermi hizo especial hincapié en la figura del asistente personal y valoró que, lo que hasta ahora era una prestación, “ahora se convertiría en un servicio”.

“Esto no es simplemente un cambio de denominación de la prestación o del servicio, que para nosotros es más inclusivo, que es la asistencia personal”, prosiguió, al tiempo que, “desde la experiencia dolida”, lamentó que “solo el 0,5% de las prestaciones del sistema, que se acercan a los dos millones, es de asistencia personal”.

Tras señalar que incluso “hay territorios que no tienen ninguna después de 20 años”, calificó de “absolutamente escandaloso” este “déficit” y, junto a la falta de profesionales que quieran formarse en esta área, advirtió de que “hay otros fallos de regulación” en torno a esta figura, en referencia a la ausencia de una “respuesta jurídico-laboral” a la que se enfrenta una persona en situación de dependencia cuando quiere contratar directamente a un asistente personal.

En este punto, apostó por articular una “relación laboral de carácter especial” y por “regular por real decreto una relación de carácter especial”, convencido de que una “buena regulación” del personal “puede condicionar para bien o para mal el desarrollo de prestaciones tan necesarias e inclusivas” como la asistencia personal.

AVANCE COMO PAÍS

Por su parte, el presidente de la PMP incidió en la importancia de “ver el enfoque económico y social” de la nueva ley de dependencia, con “todas sus posibilidades”, lo cual podría suponer “dar un avance como país” y “un paso muy importante hacia la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos”, teniendo en cuenta que, por la evolución demográfica, en los próximos años, “muchos cientos de miles” de españoles “van a requerir muchos servicios” relacionados con el sistema de atención a la dependencia.

Y ello supone la creación de puestos laborales que, reivindicó, “no son deslocalizables y tienen que ser estables y bien gratificados” y pueden representar una salida laboral para los parados de larga duración y mayores de 50 años en el marco de “un espacio para reconvertir las políticas pasivas de desempleo en políticas activas”.

Por último, Victoria Zunzunegui puso el acento en la feminización del sector de los cuidados, recordando que “la inmensa mayoría” de los empleados son mujeres, y en que, “mejorando la calidad del servicio y teniendo en cuenta el cambio que supone esta ley y el envejecimiento demográfico”, la estimación, en un “escenario con cobertura universal”, es que “faltan” cientos de miles de trabajadoras.