Este compromiso figuraen la agenda de negociación pactada hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en cuyo marco el Gobierno central y las comunidades intentarán llegar a un acuerdo sobre la financiación autonómica antes de que concluya 1991.

Al término de la reunión, el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Zabalza, destacó el "espíritu constructivo" mostrado por todos los consejeros autonómicos de Hacienda y recalcó su convencimiento de que "hay tiempo para llegar a un acuerdo antes del 1 de enero del 92". La agenda de trabajo pactada contiene cuatro bloques de temas. El primero se refiere a la coordinación presupuestaria e incluye la fijación de un escenario presupuestario global sobre déficit y endeudamiento, la aceleración de las transferencias de los fondos que las comunidades reciben del Estado y el establecimiento de un sistema de consultas sobre leyes estatales que afecten a la recaudación de tributos cedidos y a la emisión de deuda.

En este primer bloque, también se estudiará la posible implntación de nuevos criterios para controlar el nivel de endeudamiento autonómico. Actualmente, la única limitación es la que establece la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que prohibe elevar la deuda de una autonomía por encima del 25 por ciento de sus ingresos corrientes.

Además, la Administración central se ha comprometido a estudiar la cesión de nuevos impuestos a las comunidades, incluido el IRPF, y a incluir las subvenciones de enseñanza y asistencia social dentro e la financiación incondicionada.

Esta financiación está compuesta ahora sólo por la participación de las comunidades en los ingresos del Estado, las tasas afectas a los servicios transferidos y los tributos cedidos, para los que las autonomías disponen de plena independencia en su gestión.

Por su parte, las comunidades han aceptado examinar la posibilidad de introducir recargos autonómicos sobre el IRPF y una revisión del alcance de los tributos y tasas propios.

En cuanto al reforzamiento d los mecanismos de solidaridad interregional, todos están de acuerdo en el método de reparto del Fondo de Compensación Interterritorial, pero se plantearán la posibilidad de ampliar sus recursos. Para ello, sería preciso desligar su cuantía del crecimiento de las inversiones del Estado.

También estudiarán la puesta en marcha del denominado Fondo de Nivelación de Servicios Mínimos. Este fondo, previsto en la LOFCA pero nunca llevado a la práctica, financiaría unos niveles "minimos" de los servicios quelas partes negociadoras definan como "básicos".

La discusión de esta agenda de trabajo comenzará el próximo 26 de noviembre en un grupo de trabajo creado al efecto, y que volverá a reunirse el 2 de diciembre. Una tercera reunión tendrá lugar en una fecha todavía no determinada, antes de que vuelva a reunirse el pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

LA OPINION DE LAS AUTONOMIAS

Al concluir el encuentro celebrado hoy, los consejeros autonómicos que realizaron declaraciones a los medis de comunicación recalcaron que el control del déficit público debe incluir a los tres níveles de la Administración: central, autonómica y local.

Los consejeros expresaron su satisfacción por la fijación de una agenda concreta de trabajo y su confianza en llegar a un nuevo sistema de financiación autonómico que haga innecesaria la prórroga del actual durante 1992.

El consejero de Hacienda de Castilla y León, el popular Fernando Bécker, afirmó que tras la reunión de hoy es "mucho más optimista qu antes" y añadió que antes de fin de año dará tiempo "a abordar todos los temas, aunque no a alcanzar todas las soluciones".

Bécker expresó su coincidencia con el deseo del Gobierno de "fijar un límite de déficit público para los próximos años", aunque criticó al Ejecutivo porque, a su juicio, no tiene suficiente voluntad para descentralizar más el gasto.

Según las estimaciones del Ministerio de Economía, el déficit conjunto de las administraciones públicas podría representar a finales de 1991 el3,5 por ciento del PIB, lo que exigirá un esfuerzo para reducirlo en 5 décimas (275.000 millones de pesetas) antes de llegar a la tercera fase de la unión económica europea.