El ministro cifró en algo más de 800.000 los empleados públicos afectados por esta subida, ya que incluye a los 670.000 trabajadores de la Administración del Estado y la Seguridad Social junto con las fuerzas de seguridad y elEjército.

Eguiagaray explicó que esta subida salarial supone un ahorro de casi 160.000 millones de pesetas respecto a la petición de UGT y CCOO de un aumento igual al IPC previsto para el Gobierno en el 93, es decir, en torno al 5 por cien.

Según el ministro, cada punto de subida adicional cuesta más de 40.000 millones de pesetas, porque no sólo repercute en los empleados de la Administración Central, sino también en las transferencias que ésta hace para el capítulo de personal de las autonomías. En su opinión, el aumento retributivo real de los empleados públicos será en el 93 superior al 4 por ciento, si se incluyen los 2,8 puntos que percibirán como cláusula de revisión del 92 y su consolidación en los sueldos del próximo año, junto con los incrementos derivados de reclasificaciones profesionales.

A su juicio, aunque la oferta salarial es "dolorosa", debe tenerse en cuenta que los funcionarios aumentaron este año sus salarios un 8,6 por ciento y que en los últimos cinco años mejoraron u poder adquisitivo en un 11 por cien, según las estimaciones de la Administración.

El ministro recalcó que el Gobierno no considera a los funcionarios como causantes de las dificultades por las que atraviesan las cuentas del Estado, pero ha tenido que optar entre diversas prioridades y ha considerado más urgentes otras, entre las que citó las pensiones.

En su opinión, el desacuerdo en materia retributiva no debería enturbiar la marcha del plan de modernización de la Administración, para lo cual nvitó a los sindicatos a negociar cuestiones como la formación y la reducción del empleo público eventual.

Por su parte, los sindicatos UGT, CCOO y CSIF aseguraron que responderán con movilizaciones al recorte salarial. Aunque no explicaron el carácter de las mismas, fuentes sindicales indicaron que podrían consistir en bloquear distintos servicios públicos durante el trámite parlamentario de la Ley de Presupuestos.

El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Santiago Niees, afirmó que la oferta del Gobierno supone un recorte de 162.400 millones en el dinero destinado al personal de la Administración, lo que supondrá una pérdida de poder adquisitivo media del 9 por cien en el 93.

En esa cantidad incluyó, entre otros conceptos, 75.000 millones por los 3,5 puntos de reducción del poder adquisitivo, 8.000 millones del recorte en pluses de productividad, 10.000 millones de ahorro por la congelación de la oferta de empleo público y 27.000 millones por el incremento de la fscalidad.

Carlos Sánchez, de CCOO, dijo que la "situación es de escándalo" y que las movilizaciones de los sindicatos serán originales. José Luis Manzanares, del CSIF, afirmó que su organización es partidaria de convocar una huelga general en la Administración para octubre o noviembre.