Dicho Real Decreto afecta a las entidades que tengan la consideración de empresa o que, sin tener tal consideración, estén sujetas al Código de Comercio en cuanto al seguimiento de su contabilidad y presentación de cuentas.

Para ello se regula la obligación de sometimiento a auditoría de las cuentas anuales de las empresas o entidades que reciban durante un ejercicio social subvencioes o ayudas con cargo a los Presupuestos de las Administraciones Públicas o a Fondos de la Unión Europea, por un importe total acumulado superior a 600.000 euros.

Asimismo, se regula la obligación de sometimiento a auditoría que cualquier empresa o entidad deba formular con arreglo al Código de Comercio, siempre que dicha empresa haya realizado durante un ejercicio económico obras, gestión de servicios públicos, suministros, consultoría y asistencia y servicios a las Administraciones Públicas, por un mporte total acumulado superior a 600.000 euros, y que éste represente más del 50% del importe neto de su cifra anual de negocios.

Se establece la obligación a los auditores de cuentas de entidades sometidas al régimen de supervisión de comunicar por escrito a los órganos e instituciones públicas con competencias de control e inspección, según proceda, cualquier hecho o decisión relevante sobre la entidad o institución auditada.

El Consejo de Ministros ha aprobado también otro Real Decreto que dearrolla el régimen de aplicación de la tasa del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) por emisión de informes de auditoria de cuentas.

Dicha tasa consistirá en una cantidad fija de 80 euros por informe emitido y de 160 euros en el caso de que los honorarios facturados por el informe de auditoría emitido sea superior a 30.000 euros.