En concreto, el proyecto establece que se obliga a declaar todo movimiento de efectivo en territorio nacional superior a 80.500 euros, medida que se añade a la obligación de declarar movimientos a través de frontera superiores a 6.000 euros, obligación que se mantiente en sus términos actuales.

Asimismo, el texto legal, que sustituye a la Ley de Control de Cambios de 1979, favorece el intercambio de información entre la Agencia Tributaria y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales.

El objetivo es "la mejora de la caacidad de investigación de operaciones de blanqueo, mediante la integración de información tributaria en las mismas, al objeto de incrementar la eficiencia y los resultados obtenidos a partir de las comunicaciones realizadas por las entidades financieras".