El PER contará con un presupuesto de inversiones 32.205,1 millones de pesetas, financiadas por la Administración central y las autonómicas, lo que supone una reducción del 76,9 por ciento respecto a 1994.

Esta fuerte reducción se debe a que determnadas inversiones en infraestructuras han sido incluidas ya en los Presupuestos Generales del Estado para 1995, por dar trabajo a una mano de obra distinta a la contratada para el PER.

Sin embargo, el presupuesto destinado al pago del subsidio de los trabajadores, el que gestiona el Instituto Nacional de Empleo, aumentará en un 2,7 por ciento respecto a 1994, algo que creó cierta discrepancia entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía, que se oponía a dicho incremento.

Así, el deceto destina 17.560 millones a los subsidios del PER, frente a los 17.096,0 de 1994. Para 1995, 13.872 millones se destinarán a Andalucía y 3.688 a Extremadura.

REDUCCION DE PEONADAS

Otra de las novedades del subsidio agrario es la redución de 60 a 40 del número de jornadas reales cotizadas al Régimen Especial de la Seguridad Social (REASS) que deben acreditarse para acceder al subsidio agrario.

Se exige a los beneficiarios un período previo de un año de afiliación al censo del REASS, lo que peritirá un mejor "control" de los trabajadores eventuales agrarios en su acceso a la Seguridad Social y al sistema de protección.

La nueva regulación establece la ampliación de la duración del subsidio desde 240 y 300 días a 300 y 360 días, según los casos, para las personas mayores de 52 años, debido a que los colectivos de mayor edad tienen más dificultades para hallar trabajo.

Asimismo, se amplia la duración del derecho al subsidio de los jóvenes sin responsabilidades familiares por las especials dificultades que encuentran para acceder al empleo, "orientando las actuaciones sobre este colectivo hacia el campo de las políticas activas (formación, casas de oficio, etc)".

Otras de las novedades es la elevación del límite de renta por familia para aquellos padres con hijos menores de 16 años, de forma que se permite su acceso al subsidio con ingresos superiores a las del resto de los desempleados en función de sus mayores cargas.

Según el Gobierno, las mejoras de protección para los colectvos más indefensos (mayores de 52 años, menores de 25 y trabajadores con mayores cargas familiares) se apoyan en la necesidad de "proteger en el futuro a los verdaderos trabajadores eventuales agrarios y cerrar de una forma calculada y periodificada la entrada de nuevos trabajadores en el sistema".

El PER pretende dar empleo directo al colectivo de desempleados eventuales agrario. Con ello, el Gobierno pretende evitar que las obras de infraestructuras contempladas por el PER recaigan sobre empresas co plantillas propias.

El Instituto Nacional de Empleo (INEM) será el responsable de la selección de trabajadores a contratar para el PER, al tiempo que establecerá los criterios para la distribución de fondos y aprobación de los proyectos.

Estos proyectos deben concretarse en obras o servicios que posibiliten la creación de infraestrucutras relacionadas con el medio rural, que tengan en cuenta la conservación del medio ambiente y que se adapten a las carecterísticas de la comarca o zona donde se leven a cabo.

Por lo que se refiere a las políticas activas acordadas entre las Administración y los sindicatos se ha previsto una dotación presupuestaria de 3.246 millones de pesetas para la formación ocupacional y 5.350 para la creación de casas de oficios.