El proyecto de Ley define su objeto como la ordenación, organización y desarrollo de un sistema público de servicios sociales que de respuesta a las necesidades actuales para conseguir una mejor calidad de vida, vitar la exclusión de los sectores más desfavorcidos e impulsar el bienestar social.

En este sentido, el proyecto tiene un carácter innovador, ya que, por primera vez en España, una ley de servicios sociales de una comunidad autónoma abre la vía para que determinadas prestaciones del sistema de servicios sociales tengan carácter exigibles por los ciiudadanos al configurarse como derechos subjetivos.

En la actualidad, el acceso a las prestaciones sociales en nuestro país no esta garantizado, tal ycomo pasa en el sistema sanitario y en el educativo, sino que está condicionado por la actuación de los poderes públicos en cuanto a su provisión y financiación.

Este objetivo, señalan fuentes del Gobierno del Principado de Asturias, se articula mediante la previsión de la aprobación de un catálogo de prestaciones sociales, que permitirá a los ciudadanos asturianos conocer el conjunto de servicios sociales, y de los cuáles aquellos que se definan como fundamentales, tendrán carácter de derechos subjetvos, y por tanto exigibles como prestación pública.

NUEVA ORGANIZACION

La nueva ley supondrá además una profunda transformación de la organización del sistema de servicios sociales, a través de una reoganización funcional, territorial y de gestión, que se concretará con la aprobación del mapa asturiano de servicios sociales.

El proyecto de ley establece garantías a los derechos de los usuarios y, de este modo, contempla una Carta de Derechos de las Personas Usuarias.

Además, el nuevo proyeto regula la iniciativa privada para asegurar la calidad de los servicios y programas prestados y el respeto a los derechos de las personas usuarias. Asimismo, se regula la función inspectora de la administración del Principado desde el prisma del aseguramiento de la calidad del servicio.

Por otro lado, se regula la función de autoridad y responsabilidad pública en materia de servicios sociales que corresponderá en todo caso a la administración pública.

El proyecto de Ley refuerza el sistema públco de financiación de los servicios sociales, a través de los presupuestos del Principado de Asturias y de los ayuntamientos, y se regula la forma de participación del usuario en el coste del servicio en función de sus ingresos.