Así lo declaró este martes en rueda de prensa el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, cuyo departamento impulsa la nueva normativa. De hecho, Bustinduy apeló al amplio consenso con el que finalmente salió adelante la nueva redacción del artículo 49 para demandar que esta reforma “vea la luz lo antes posible”, a fin de que " podamos avanzar en el nuevo modelo de cuidados”.

A su juicio, el objetivo de la reforma es “dar respuesta a los desafíos demográficos”, ya que la población española estará cada vez más envejecida y “habrá más hogares de personas que viven solas o que no han tenido hijos”. En definitiva, la necesidad de ser cuidados por otros irá en aumento, advirtió, y “debemos garantizar unos cuidados de calidad, basados en derechos”.

Se trata de hacerlo “de tal manera que se garantice el derecho a la vida independiente y en comunidad,”, tal como indica “el nuevo artículo 49 de la Constitución”, afirmó Bustinduy. “El propósito es avanzar hacia un modelo que permita que las personas permanezcan en sus domicilios, en sus barrios y en sus entornos”, prosiguió, “siempre con los apoyos necesarios y que ellas elijan, para asegurarles una vida de calidad”.

FIN A LOS RECORTES

Para ello, la reforma contempla el reconocimiento de la teleasistencia como derecho subjetivo, a fin de reforzar su extensión y dar más facilidades a los usuarios a la hora de reclamarla. El Gobierno señala que la norma pone fin a dos recortes que el PP introdujo en el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) en 2012 y que aún no habían sido abolidos del marco estatal.

Se trata del periodo máximo de carencia de dos años en el cobro de prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar y de la incompatibilidad entre algunos servicios del sistema de dependencia. Muchas comunidades ya habían regulado para ponerle fin, pero la norma estatal todavía los contemplaba.

Además, el anteproyecto contempla la posibilidad de que la ayuda a domicilio se extienda a otras áreas de la vida cotidiana de los usuarios, como hacer la compra o acudir al médico, y permitirá que personas sin vínculo familiar puedan actuar como cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia. También incluye como servicio la creación de un banco de productos de apoyo (sillas de ruedas, andadores, grúas…), que faciliten la autonomía personal y la vida en comunidad. La decisión final sobre la oferta de servicios recae en las comunidades autónomas.

Bustinduy insistió en que esta reforma va acompañada de “un aumento en la financiación de la dependencia sin precedentes durante los últimos años”, del 150% desde 2018 y del 200% desde 2014. Preguntado sobre cómo se financiará esta ampliación de servicios, indicó que “venimos de una época en la que los recortes del Partido Popular prácticamente desmontaron el sistema, pero el Gobierno ha hecho un esfuerzo sin precedentes para revertirlos y para transformar el modelo hacia las necesidades del siglo XXI”. “Creo que nuestro compromiso con mejorar la financiación del sistema de dependencia está fuera de toda duda”, indicó, y añadió que están haciendo dos cosas a la vez: "mejorar la financiación y mejorar el sistema de cuidados”.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

La norma también recoge la accesibilidad universal como un derecho subjetivo de todas las personas con discapacidad y en situación de dependencia, por lo que podrá ser reclamado ante los tribunales en caso de incumplimiento. De hecho, la nueva redacción del artículo 49 de la Constitución instaba a los poderes públicos a “impulsar las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad en entornos universalmente accesibles”. Por ello, la reforma prevé la creación de un fondo estatal para la promoción de la accesibilidad universal, dirigido a sufragar mejoras de accesibilidad en edificios públicos, instalaciones del Sistema Nacional de Salud, estaciones de transporte, etc.

El anteproyecto modifica además la Ley de Propiedad Horizontal “para ampliar los supuestos en los que las obras de accesibilidad en viviendas y edificios sean obligatorias”, apuntó Bustinduy. El ministro recordó que unas 100.000 personas “viven encerradas en sus domicilios” por problemas de accesibilidad en sus viviendas o edificios.

Para evitarlo, todas las administraciones con competencias en vivienda tendrán que habilitar subvenciones y ayudas de cara a facilitar dichas obras. Además, las comunidades de vecinos tendrán la obligación de solicitar aquellas opciones de financiación para obras de accesibilidad que los propietarios proporcionen. Si se niegan, estos podrán acudir a la justicia.

Por otro lado, el ministro se refirió a “la reducción de cargas administrativas y de trámites burocráticos”, a fin de facilitar procesos y “evitar cargas a las personas usuarias del sistema”. De este modo, la nueva ley reconocerá de forma automática un 33 % de discapacidad a todas las personas que ya acrediten una situación de dependencia.

La norma recoge también una serie de supuestos de especial vulnerabilidad (ser víctima de violencia de género, padecer aislamiento social, habitar en un domicilio inaccesible…) en los que las solicitudes de reconocimiento de dependencia deberán tramitarse de urgencia. Asimismo, prohíbe todo tipo de discriminación en la contratación de seguros de vida y de salud por motivos de discapacidad, regula la Inteligencia Artificial para evitar sesgos que perjudiquen a las personas con discapacidad y fomenta la aplicación de las innovaciones sociales y tecnológicas a la mejora de la calidad de vida y a la atención de estas personas.