El Consejo de Ministros autorizó hoy a la Abogacía del Estado a tomar las medidas pertinentes para lograr ese objetivo, y en la rueda de prensa posterior la vicepresidenta se mostró absolutamente convencida de que ninguna de esas formaciones estará en las elecciones.

En concreto, el Gobierno ha autorizado a la Abogacía del Estado a promover la demanda de ilegalización de ambas formaciones. También para impedir o anular sus candidaturas o "cualquier otra" que incurra en ilegalidad según lo previsto en la Ley de Partidos.

Asimismo, la Abogacía del Estado podrá ejercer las acciones que procedan para instar la declaración de ilegalidad de partidos o la anulación de candidaturas en los que se den las anteriores circunstancias.

Con todo ello el Gobierno pretende evitar que se presenten no sólo estas dos formaciones como tales, sino también candidaturas vinculadas o "que se resucitara algún partido dormido". "Todos los campos están cubiertos", sentenció.

La próxima semana se interprondrá la demanda ante la llamada "sala del 61" y a partir de ahí "se desencadenará el mecanismo previsto en la ley", junto al electoral que ya está en marcha por la convocatoria de elecciones.

Las candidaturas deben estar presentadas antes del 12 de febrero y los recursos posteriores tienen que resolverse antes del día 21, el anterior a comenzar la campaña. En ese lapso de tiempo, el servicio jurídico del Estado "actuará impugnando lo que considere oportuno, por una vía y por otra".

Fernández de la Vega insistió en que la decisión se ha tomado una vez probada "de forma clara y contundente" la vinculación de ambas formaciones con la ya ilegalizada Batasuna.

Se ha adoptado, enfatizó, "en tiempo y forma, con las pruebas en la mano, y desde el más estricto cumplimiento de las garantías y los procedimientos democráticos".

Argumentó que en una democracia es obligación del Gobierno asegurar que todos cumplen la ley, porque "no hay lugar para quienes pretenden discurrir por caminos al margen de la legalidad o servirse de la democracia de manera ilegítima". "En un Estado de Derecho. nada ni nadie puede estar por encima del imperio de la ley".

La vicepresidenta rechazó de plano las acusaciones sobre utilización de los tiempos para hacer coincidir esta decisión con la precampaña electoral.

Insistió en que se ha podido actuar gracias al informe de la investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que el Gobierno no ha conocido hasta que se levantó el secreto del sumario.

Conocido ese informe, "en el minuto siguiente ha actuado". "No ha sido antes ni después, es ahora porque es ahora cuando se dispone, no de los indicios que se han venido teniendo de forma sucesiva, sino de las pruebas mismas, pruebas contundentes".

Pruebas, subrayó, que de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, permitirán "sin duda ninguna" la ilegalización de los dos partidos.

"El Gobierno no actúa nunca por razones de oportunidad, y mnenos en un tema de esta naturaleza, sino por razones de legalidad", aseguró, y lo ha hecho cuando ha podido acreditar de forma clara que estas formaciones y Batasuna "son una misma cosa, desde el punto de vista político y financiero".

Para dejar claro que eso no ha sido posible hasta ahora, Fernández de la Vega confirmó que esas pruebas "contundentes" se pudieron recabar sobre todo a partir de la operación policial contra la dirección de Batasuna el pasado mes de octubre.

En esa operación, explicó, se intervino documentación que acredita "de forma fehaciente" que Batasuna, ANV y PCTV pretendían constituir "un sistema financiero único" y también una actuación política coordinada.

Todo lo sucedido, concluyó, es "muy fácil de entender si no se intenta utilizar de nuevo el terrorismo, y el problema que tenemos es que en esta legislatura el principal partido de la oposición se ha dedicado a utilizar de forma partidaria el terrorismo y seguimos ahí, no es sensato ni razonable".

La vicepresidenta anunció también que la Fiscalía recurrirá la decisión del juez Santiago Pedraz de archivar las diligencias contra la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, que durante un acto de ANV pidió un aplauso afectuoso para los presuntos etarras Igor Portu y Martin Sarasola, acusados del atentado contra el aparcamiento de la T4 del aeropuerto de Barajas.

Aunque no quiso valorar la decisión judicial, Fernández de la Vega aseguró que la Fiscalía la recurrirá por creer que existen dos presuntos delitos: enaltecimiento del terrorismo y calumnias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.