Osorio calificó esa previsión de muy ambiciosa y resaltó que antes de la promulgación de la citada norma sólo un 30 por ciento de la superficie total de playas estaba deslindada.

Asimismo, señaló que la Administración está invirtiendo 1.000 millones de pesetas anuales desde 1990 para que se cumplan los plazos fijados.

El director general de Costas explicó que el deslindamiento del litoral español propiciará que "todo el mundo sepa dónde empieza y acab su propiedad".

Fernando Osorio hizo estas declaraciones durante su comparecencia ante la Comisión de Industria, Obras Públicas y Servicios de la Cámara Baja.

El diputado de Izquierda Unida Jerónimo Andreu replicó al representante del Gobierno que, en la actualidad, el 50 por ciento de la costa española no tiene deslinde.

Por su parte, la diputada del Partido Popular María Teresa Estevan volvió a acusar al Ejecutivo de permitir y no controlar los vertidos ilegales a los mares y ríos y manifetó que 474 municipios costeros no disponen de los mecanismos adecuados para la depuración de aguas.

"España", dijo, "no puede seguir defendiendo ante la CE que se la deje contaminar más, que se la permita ser más sucia".

Sin embargo, Fernando Osorio afirmó que desde la aprobación de la Ley de Costas todos los informes sobre vertidos que ha aprobado la Administración cumplen la normativa.

AMENAZAS A FUNCIONARIOS

También compareció ante la Comisión Fernando Palao, director general de Puertos quien reiteró que los jefes de demarcación y los vigilantes de costas que se encargan de que la ley sea respetada siguen recibiendo amenazas.

Hace unos tres meses, Palao declaró que la esposa del jefe de demarcación de Málaga, Luis López Peláez, que mantuvo un contencioso con la urbanización Aldea Beach, de la localidad malagueña de Manilva, recibió en su domicilio una corona mortuoria de flores.

López Peláez había recurrido recientemente contra una licencia de obras que el Ayuntamiento de Manila había concedido a esa urbanización.

El director general de Puertos hizo referencia a "presiones semi-mafiosas" sobre estos funcionarios a través de llamadas telefónicas, querellas criminales y otro tipo de acciones.

La Ley de Costas prohibe las construcciones a menos de cien metros de la línea de mar, distancia idéntica a la que impone en zonas de dunas, riberas de los ríos, humedales y terrenos particulares sometidos a servidumbres de paso.